AEMED alerta de que el proyecto de Real Decreto sobre el SMI pone en riesgo el empleo y servicios esenciales para personas con discapacidad
AEMED ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social su preocupación ante el proyecto de Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos, al considerar que, en su redacción actual, generará efectos muy negativos sobre el sector de atención a personas con discapacidad, especialmente a quienes tienen discapacidad intelectual, del desarrollo o enfermedad mental y mayores dificultades de inclusión laboral y social.
Desde AEMED se subraya que las entidades del sector son las primeras interesadas en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, en garantizar salarios dignos para quienes cuidan, acompañan y apoyan cada día a las personas con discapacidad, y también para las propias personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo. Las profesionales de atención directa, cuidadoras y personal de apoyo realizan una labor de responsabilidad, a menudo con salarios modestos y unas condiciones de trabajo exigentes. Igualmente, las personas con discapacidad deben poder desarrollar su proyecto de vida a través de un empleo digno, y contar con oportunidades reales de desarrollo y participación.
Las entidades han realizado un importante esfuerzo para mejorar estas condiciones y absorber las sucesivas subidas del SMI, que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, manteniendo el empleo y la calidad de los servicios en un contexto de financiación pública muy limitada. Sin embargo, el sector ha alcanzado un punto en el que, sin apoyo público adicional, será imposible asumir el impacto de la nueva normativa y conservar los puestos de trabajo actuales.
Un sector al límite: infrafinanciación, más necesidades de apoyo y nuevos sobrecostes
Las entidades sociales de discapacidad de la Comunidad de Madrid trabajan con acuerdos marco y conciertos infradotados, precios congelados durante años, retrasos reiterados en el pago de subvenciones salariales a los Centros Especiales de Empleo, de hasta 18 meses, y un nivel permanente de endeudamiento para poder seguir prestando los servicios. Además, los costes de atención aumentan cada año como consecuencia del envejecimiento (y envejecimiento prematuro) de las personas con discapacidad intelectual, de la aparición de patologías asociadas, de la necesidad de apoyos cada vez más intensos y del incremento del absentismo laboral.
En este contexto, AEMED advierte de que el nuevo proyecto normativo introduce cambios que van más allá de lo exigido por la Directiva europea y alteran de forma directa el modelo salarial pactado en el convenio colectivo de discapacidad, rompiendo los equilibrios alcanzados en la negociación colectiva y añadiendo un sobrecoste que muchas entidades no podrán asumir.
Más de un millón de euros de sobrecoste solo este año
Según las estimaciones de AEMED, la aplicación de esta medida costará más de un millón de euros a las entidades asociadas solo en 2026, afectando de media al 27,8% de sus plantillas, y con un impacto estructural que aumentará con futuras subidas del SMI.
En el sector de la discapacidad, el impacto será especialmente intenso por la propia estructura del convenio colectivo, basada en un salario base y complementos ligados al desarrollo profesional. Este modelo ha permitido absorber de forma progresiva las subidas del SMI. La limitación de estos mecanismos obligará ahora a trasladar los incrementos al salario base y generará un sobrecoste que las entidades no tenían previsto. El impacto será especialmente grave para las personas con mayores dificultades de inserción y necesidades de apoyo, para quienes acceder y mantener un empleo resulta mucho más difícil.
Además, la medida llegará en un momento especialmente complejo para el sector, que ya afronta importantes dificultades para cubrir vacantes, retener profesionales y asumir el incremento generalizado de gastos.
Riesgo para el empleo y para los servicios esenciales
AEMED alerta de que estos incrementos, en un sector intensivo en empleo y con fuerte dependencia de financiación pública que no se actualiza automáticamente, llevarán a un escenario de inviabilidad económica para muchas entidades si no se revisan los importes de los acuerdos marco, conciertos, contratos públicos y subvenciones salariales.
En el ámbito del empleo protegido, estos incrementos no pueden compensarse mediante mejoras de productividad ni repercutirse en los precios, que en muchos casos ya han sido fijados y comunicados a los clientes, por lo que el sobrecoste tendrá que ser asumido íntegramente por las entidades.
Sin financiación adicional de la Administración, algunas entidades tendrán que reducir su actividad o suprimir servicios esenciales para personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y enfermedad mental, como residencias, centros de día, centros ocupacionales o viviendas tuteladas. Una situación que ya se produjo en 2024 con el cierre de dos residencias en Pozuelo de Alarcón de la red de AEMED.
AEMED advierte también del riesgo de destrucción de empleo protegido y de cierre de Centros Especiales de Empleo, en particular de los CEE de iniciativa social. Este impacto afectará de forma más intensa a las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción y necesidades de apoyo, para quienes el acceso y mantenimiento del empleo resulta más complejo y requiere medidas específicas de adaptación, acompañamiento y apoyo continuado.
Detrás de estas cifras hay historias concretas. Felipe tiene discapacidad intelectual y trabaja desde hace 27 años en un Centro Especial de Empleo. Ahora necesita más apoyos y su productividad es menor, pero llega feliz cada día porque allí están sus compañeros, su rutina y una parte fundamental de su vida. Si pierde su empleo, no solo perderá un salario: perderá amigos, autonomía y la posibilidad de envejecer con dignidad.
La desaparición de estos puestos de trabajo tendrá un efecto especialmente grave sobre las personas más vulnerables, al aumentar su riesgo de exclusión social, dependencia y pérdida de autonomía. No solo tendrá un elevado coste social, sino también económico para las administraciones públicas, al incrementarse las prestaciones de desempleo y la atención social al colectivo.
“La medida, tal y como está planteada, tendrá efectos perversos: una norma pensada para mejorar los salarios acabará provocando la pérdida de empleo en personas con discapacidad y poniendo en riesgo la atención a colectivos especialmente vulnerables”, señala Juan Agudo, presidente de AEMED.
Llamamiento a la revisión de la norma
AEMED solicita al Gobierno que revise el proyecto normativo para respetar la negociación colectiva y el Estatuto de los Trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sector y la continuidad de servicios esenciales dirigidos a las personas más vulnerables. En particular, reclama:
- Que se eviten limitaciones no necesarias al mecanismo de compensación y absorción del SMI.
- Que se articulen mecanismos de financiación adecuados que permitan asumir los incrementos de costes sin comprometer el empleo ni los servicios, actualizándose los precios de los contratos públicos y de las subvenciones salariales.
Que cualquier modificación respete los convenios colectivos actualmente vigentes, en particular el convenio colectivo de discapacidad, y permita una adaptación progresiva de su estructura salarial.