Aprobada la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad: avances importantes y nuevos retos para el sector
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de julio el Proyecto de Ley de reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Se trata de una reforma de gran alcance que incorpora importantes avances en el reconocimiento de derechos y en la configuración del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), impulsando un modelo de apoyos más flexible, personalizado y centrado en la persona.
El texto inicia ahora su tramitación en el Senado y, por tanto, todavía no ha sido aprobado definitivamente ni ha entrado en vigor, aunque no se prevén modificaciones sustanciales respecto al texto aprobado por el Congreso.
Principales novedades de la reforma
Entre las medidas más relevantes destacan:
- El compromiso legal de que la Administración General del Estado financie al menos el 50 % del coste del SAAD, reforzando la estabilidad financiera del sistema.
- La simplificación administrativa mediante nuevas pasarelas entre dependencia y discapacidad, con el reconocimiento automático del 33 % de discapacidad para las personas con grado I de dependencia y una pasarela para el reconocimiento del 65 % para quienes tengan reconocido un grado II o III.
- La eliminación del régimen general de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, permitiendo configurar apoyos más flexibles y adaptados a las necesidades de cada persona a través del Programa Individual de Atención (PIA).
- La compatibilidad entre empleo y prestaciones de dependencia, evitando que el acceso o mantenimiento de un puesto de trabajo suponga la pérdida de los apoyos necesarios.
- La ampliación y flexibilización del catálogo de servicios y prestaciones, con un mayor impulso a los apoyos domiciliarios y comunitarios, la asistencia personal, las viviendas compartidas, la incorporación de tecnología y los productos de apoyo.
- La posibilidad de establecer servicios o prestaciones transitorias para las personas con grados II y III mientras esperan el acceso al recurso reconocido en su Programa Individual de Atención.
- El reconocimiento de la teleasistencia y de la atención temprana como derechos subjetivos, reforzando el acceso a estos servicios.
- El refuerzo de la accesibilidad universal, incluyendo nuevas medidas para facilitar la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas.
- El establecimiento de criterios y estándares comunes de calidad en el SAAD, que deberán concretarse posteriormente mediante desarrollo normativo.
- La regulación de la figura del facilitador procesal, destinada a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad.
Desde AEMED valoramos positivamente esta reforma, que incorpora avances relevantes en el reconocimiento de derechos y en la evolución hacia un modelo de apoyos más flexible, personalizado y centrado en la persona.
Durante su tramitación parlamentaria, AEMED participó activamente, junto con otras organizaciones del sector de distintas comunidades autónomas, en la elaboración y presentación de propuestas de mejora, especialmente en el ámbito de la inclusión sociolaboral de las personas con mayores necesidades de apoyo.
Algunas de estas propuestas han tenido reflejo en el texto finalmente aprobado, como la simplificación de las pasarelas entre dependencia y discapacidad o la compatibilidad entre empleo y prestaciones. Sin embargo, han quedado fuera otras medidas que consideramos estratégicas, como el refuerzo estable del empleo con apoyo, el desarrollo de un modelo integral de inclusión sociolaboral que conecte los servicios sociales, la formación, el empleo protegido y el empleo ordinario, o el reconocimiento de figuras específicas para las entidades de iniciativa social que acompañan a las personas con especiales dificultades a lo largo de todo su itinerario de inclusión.
La reforma abre ahora una nueva etapa. Su impacto dependerá de su desarrollo normativo, de la aplicación que realicen las comunidades autónomas y de que vaya acompañado de una financiación suficiente que permita hacer efectivos los nuevos derechos y garantizar la sostenibilidad de los servicios. Desde AEMED seguiremos participando activamente en este proceso y trasladando a las administraciones las propuestas del sector.