
Cuando la burocracia resta recursos a las personas: AEMED reclama medidas contra la hiperregulación
Las entidades sociales soportan una creciente acumulación de obligaciones administrativas que genera costes económicos y de gestión y resta tiempo y recursos a su actividad. AEMED reclama una simplificación efectiva que permita reforzar la sostenibilidad, el empleo y la atención a las personas.
Las entidades sociales se enfrentan cada vez a una mayor acumulación de obligaciones administrativas, documentales, de acreditación, justificación, evaluación y control. Cuando estas exigencias se superponen o distintos órganos solicitan información y controles similares, el coste se acumula: más tiempo de personal, más recursos de gestión y mayores costes económicos para las entidades.
Aunque cada obligación pueda parecer asumible por separado, la suma de todas ellas genera una carga significativa en las entidades que gestionan servicios esenciales a personas con discapacidad y otros colectivos con especiales dificultades de inclusión.
Cada recurso destinado a cargas administrativas innecesarias es un recurso que no puede dedicarse a mantener y desarrollar la actividad, generar empleo, invertir en los servicios o mejorar los apoyos que reciben las personas.
Por ello, AEMED considera necesario avanzar hacia una simplificación administrativa real, que reduzca las cargas innecesarias sin rebajar las garantías de calidad, seguridad y protección de los derechos de las personas.

Menos cargas para las entidades sociales que prestan servicios esenciales
En este contexto, AEMED ha presentado nuevas alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas contra la hiperregulación para el impulso económico de la Comunidad de Madrid, dando continuidad a las aportaciones realizadas durante la consulta pública previa.
AEMED ha sido la única organización del ámbito de los servicios sociales y la atención a personas con discapacidad que ha formulado propuestas y trasladado los problemas específicos del sector en la consulta pública previa.
Varias de las propuestas formuladas por AEMED han sido recogidas en el Anteproyecto especialmente las relacionadas con la evaluación de las cargas administrativas y la prevención de situaciones de hiperregulación.
No obstante, AEMED considera que es necesario concretar y reforzar estas medidas para que la futura Ley tenga un impacto efectivo sobre las cargas que soportan las entidades sociales.

Propuestas contra la hiperregulación
AEMED reclama que, antes de establecer nuevas obligaciones, se valore su impacto acumulado y el coste económico y de gestión para las entidades, y demanda:
- Aplicar el principio de “una sola vez” y avanzar hacia un expediente único digital por entidad, evitando aportar reiteradamente documentación que ya tiene la Administración.
- Mayor coordinación entre los órganos administrativos.
- Simplificación de procedimientos y reducción de plazos.
- Garantizar la proporcionalidad de los sistemas de evaluación y control.
- Evitar que los retrasos administrativos comprometan la continuidad de los servicios.

Menos burocracia para impulsar la sostenibilidad y el empleo
Para AEMED, reducir la hiperregulación no es únicamente una cuestión de simplificar trámites. Tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad de las entidades y sobre su capacidad para mantener y desarrollar su actividad.
Una reducción de las cargas administrativas puede liberar recursos para la inversión, la creación y el mantenimiento del empleo y la mejora de los servicios, contribuyendo al impulso económico de un sector que desempeña una función esencial en la Comunidad de Madrid.
Al mismo tiempo, permite a las entidades dedicar más tiempo y recursos a lo que realmente importa: cuidar, acompañar y prestar apoyos a las personas, manteniendo las garantías de calidad, seguridad y protección de sus derechos.
AEMED defiende una regulación más sencilla y adaptada a las entidades sociales, con su participación para identificar y reducir cargas administrativas innecesarias. La Asociación seguirá trabajando por una Administración más ágil y coordinada, sin comprometer las garantías y derechos de las personas.